sábado, 25 de diciembre de 2010

TUPA MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

APRECIACIÓN CRITICA DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

Puesto a consulta los antecedentes relacionados al oficio Nº 004-090-0006554 evacuado por el SAT DE LIMA a la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

Sobre el particular es menester señalar la poca idoneidad, capacidad e integridad de los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 425 del Código Penal Peruano.

De las observaciones se desprende que los involucrados no han cumplido a cabalidad con sus funciones propias en la administración pública toda vez que de las 47 observaciones de forma y fondo realizadas por la SAT de Lima Metropolitana no hace más que evidenciar una total negligencia que se inicia desde la contratación del presunto consultor especialista en instrumentos de gestión, lo cual se desprende de las observaciones señaladas por la SAT.

Al margen de ello, es de observar la total negligencia de los órganos de control para la aprobación de tupa el mismo que se desprende el informe Nº 056-2010-GM/MDC que señala los pasos seguidos una vez que el “consultor especialista en instrumentos de gestión” entregara su trabajo a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y esta a su vez elevaría a la Gerencia de Administración y Finanzas, así como a la Gerencia de de Asesoría Legal, y estas elevan a la Gerencia Municipal esta envía a la Alcaldía Municipal para ser sometida a consideración del CONSEJO MUNICIPAL siendo aprobada mediante la Ordenanza Municipal Nº 203-2010-A/MDC.

Revisando el portal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo encontramos la ejecución de la Ordenanza Municipal Nº 203-2010-A/MDC. Lo cual constituye una clara y fragante comisión de delitos apañados por los involucrados pese a tener conocimiento de la ilegalidad de la “vigencia” de la norma señalada

De acuerdo a nuestra legislación penal previsto en el CAPITULO II Delitos Cometidos Por Funcionario Publico

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 425 y el artículo 1 de la ley 26713 que modifica el Código Penal Peruano

Todos los involucrados (Regidores, Alcalde y Funcionarios Municipales) en la aprobación de la ordenanza municipal Nº 203-2010-A/MDC se encuentran comprendidos en los delitos señalados, teniendo en cuenta que con la transgresión a la normatividad perturban la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones.

OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES Artículo 377(Regidores por la inacción en la función de fiscalización al no solicitar la suspensión del cobro por los conceptos establecido en el anexo de la Ordenanza Municipal Nº 203-2010-A/MDC)

Si tomamos en cuento lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9 son atribuciones del Concejo Municipal entre otros aprobar el sistema de gestión y sus instrumentos, Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley, así como el artículo 10 los regidores tienen entre otras atribuciones Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.

El artículo 11 de la norma incoada señala las responsabilidades de los regidores

Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas. (Lo cual se desprende de la aprobación de la ordenanza Nº 203-2010-A/MDC y su anexo TUPA municipal)

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS

En los delitos cometidos por funcionarios públicos, tenemos los delitos de Abuso de autoridad Artículo 376 (Alcalde y funcionarios al disponer la ejecución de la ordenanza municipal observada), Concusión 384 (exacción Ilegal, colusión ilegal, Alcalde y Funcionarios al disponer el cobro por los trámites administrativos)

RESPONSABILIDAD DEL ALCALDE El artículo 20 de la ley Orgánica de Municipalidades señala las atribuciones del Alcalde Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los Vecinos (lo que con la aprobación y puesta en ejecución del tupa cuestionado, por ser un instrumento de gestión prevaricador, sobrevaluado ha claudicado en una de sus atribuciones de función)

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; (con la puesta a consideración del concejo sin haber evaluado la legitimidad del instrumento de gestión el mismo que se sustenta en legislación derogadas, falta de congruencia entre los procedimientos constituyendo un instrumento sobrevaluado, y prevaricador se puede inferir la inducción al delito de los regidores)

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Los funcionarios involucrados que no cumplieron con su función de acuerdo a lo señalado por el artículo 21 de la ley 276 literal a incurrieron no solo en responsabilidad disciplinaria señalada en el decreto supremo 005-90PCM

En concordancia con lo prescrito por el artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 728, dado que la ordenanza municipal materia del presente análisis puesta en ejecución es ilegal constituyendo la sola aplicación en delito continuado constituyendo asimismo en delito prescrito por el articulo 317 asociación ilícita previsto en la legislación penal vigente.

CONSECUENTEMENTE:

Los administrados se encuentran legitimados para interponer denuncia penal por los delitos señalados ante la fiscalía de la jurisdicción contra todos los involucrados, en este procedimiento no necesita de firma de abogado

Y para determinar la no aplicación de la normatividad ilegal los administrados pueden interponer un proceso de Garantías Constitucionales (Acción de Amparo) ante el poder judicial, en este procedimiento se requiere de firma de abogado, pero no se paga tasa ni derecho alguno al poder judicial.

Miguel a. Bueno Sánchez

Presidente

COD 004

EL COLMO DE LA FALTA DE CRITERIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

conocedores de la falta de legalidad del accionar de la Municipalidad Distrital de Carabayllo , quien impone sanciones administrativa sin tener la capacidad suficiente de critereio a procedido a multar al MEDICO MANUEL SANCHEZ CHUQUILLANQUI , por la presunta falta de carecer CARNET DE SANIDAD , lo que resulta inverosimil y como era de esperarse la defensa del dicho galeno ampliamente reconocido en la jurisdiccion del Distrito de Carabayllo a interpuesto el recurso respectivos el cual reproduciomos en su totalidad por constituir de interes publico

SUMILLA : Apelación de Resolución DE SANCION N° 426-2009-GDUR-MDC

SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE COMAS

Manuel Gonzalo Sánchez Chuquillanqui, identificado con DNI Nº 06861631 domiciliado fiscal en la calle Merino Reyna Nº 269 Raúl Porras Barrenechea Distrito de Carabayllo, ante su digno despacho me presento y expongo:

Que, en el tiempo de ley, y al amparo de lo prescrito por el artículo 29 de la Ordenanza Municipal Nº 037-2003 de fecha 30 de enero del 2004 en concordancia con el artículo 209 de la ley 27444, presento ante su digno despacho el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N° 426-2009-GDUR-MDC, la misma se fundamenta en la acción de puro derecho, por los siguientes fundamentos que paso a exponer:

I- ILEGALIDAD INCURRIDO EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA:

La Apelada no cumple con lo señalado en el artículo 139 de la Constitución Política del estado al no encontrase motivada en los fundamentos facticos y jurídicos, para determinar en la sanción pecuniaria la misma no encontrándose a derecho por falta de motivación

Y estando a lo prescrito por el artículo 10 de la ley 27444 todo acto contrario a la constitución y la ley es nulo de pleno derecho.

EL MOTIVO DE LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.

El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función jurisdiccional y/o de las que haga sus veces. La motivación es justificación, exposición de las razones que se ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, ya no como una exigencia sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces el mismo que se entiende como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, el Carácter normativo de la motivación de las resoluciones judiciales y/o administrativas

Desde el punto de vista deóntico, específicamente desde el punto de vista del «deber ser jurídico», la motivación de las resoluciones judiciales/ administrativas, constituye un deber jurídico, instituido por la norma jurídica de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional

La demostración del aserto precedente está dada por la prescripción del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Su finalidad es servir como una de las «garantías de la Administración de Justicia». De modo que, concretizada que fuere el supuesto de tener que expedir una resolución judicial, el juez que la debe expedir asume, ipso jure, el deber de motivarla adecuadamente.

Aquella parte de la proposición jurídica constitucional citada es la siguiente:
«Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan…». En este orden ideas tenemos que la apelada no se ha motivado.

II ERROR PROCESAL INCURRIDA EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA:

Que, la apelada no ha meritado lo prescrito por el artículo 13 de la Ley N° 26842 Ley General de Salud Artículo 13o.- Toda persona tiene derecho a que se le extienda la certificación de su estado de salud cuando lo considere conveniente.

Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines.

No obstante ello el código de infracción Nº 27C se encuentra en el rublo de comercialización refiriéndose al comercio señalado por el capitulo V artículo 88 de la ley 26842 la misma que prescribe:

CAPITULO V

DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DOMESTICA

Artículo 88o.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud.

Que, la presunta infracción que me imponen no me corresponde por mandato imperativo de la ley 26842 Ley de Salud, no me encuentro obligado a demostrar mi estado de salud, así como en mi condición de médico, no obstante que el TUPA municipal en el procedimiento Subtitulado Dirección de Servicios Municipales División Centro Médico Municipal y Sanidad, no se encuentra el sustento legal, para la exigencia de dicho carnet, aunado a esto, mediante Resolución Nº 0501-2010/SC1-INDECOPI expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, se declaró como barrera burocrática ilegal la exigencia de obtención de un carné de sanidad como condición para llevar a cabo actividades económicas, pues es una directa violación a lo consignado en el artículo 13º de la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud.

III- NATURALEZA DEL AGRAVIO:

La Resolución apelada me causa agravio, pues, al incurrir en el error de hecho y jurídico, señalado precedentemente y en cuya virtud sanciona, afectando mi derecho a la tutela administrativa efectiva y al debido proceso, soslayando el estado de derecho incurriendo en abuso de autoridad, conforme lo señala el artículo 2 numeral 2 de la constitución política, al lesionar mi derecho constitucional de la Igualdad ante la Ley, lo que la apelada no ha sabido meritar, consecuentemente llevando la apelada en irrita é ilegal , al incumplir lo señalado por el articulo 10 numeral 1 de la ley 27444

IV.- SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:

Mi pretensión impugnatoria se sustenta principalmente en las siguientes normas legales:

  • Ordenanza Municipal 037-2003-A/MDC
  • Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
  • Ley 26842 y su modificatoria

POR TANTO:

A usted Señor Alcalde tenga por interpuesta la presente Apelación darle el trámite de ley en su oportunidad tenerla por fundada

Lima 18 noviembre del 2010

Manuel Gonzalo Sánchez Chuquillanqui

lunes, 13 de diciembre de 2010

COMO EN EL PERU Y ECUADOR PRETOLERAS ABUSAN DE COMUNIDADES





Petroleras abusan de buena fe de comunidades



“Nosotros estábamos convencidos de que hacíamos buenos negocios con las petroleras al firmar los acuerdos de compensación, pero la realidad resultó ser muy distinta”, afirma Diocles Zambrano, líder de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, (RLCAS), organización que agrupa a comuEn efecto, una investigación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), finalizada en noviembre, reveló que las petroleras han cumplido únicamente con el 10% de los compromisos asumidos como forma de compensación social a las comunidades, en tanto que éstas han sido obligadas a cumplir todos los acuerdos, incluyendo renuncias voluntarias a reclamos ante nuevas afectaciones que puedan tener.

“Todos los convenios establecen una cláusula en donde las comunidades renuncian a reclamar por los daños que provoquen las empresas, especialmente por derrames de petróleo que contaminen las fincas de los campesinos o los territorios indígenas”, afirma Rodrigo Varela, autor de la investigación.

En los convenios, firmados durante los últimos 15 años, las empresas catalogan los derrames de petróleo como accidentes, hechos fortuitos o de fuerza mayor, y, por tanto, no asumen responsabilidades sobre los mismos.

“Todo derrame se produce por negligencia de las compañías, ya que mantienen infraestructura obsoleta,” afirma Varela.
Palabra empeñada

“Al inicio, los acuerdos con las petroleras fueron verbales. No se necesitaba más. Nuestros ancianos respetaban la palabra empeñada, pero las petroleras nunca respetaron un acuerdo de palabra; por eso se empezó a exigir un acuerdo firmado”, comenta Zambrano, al referirse a los acuerdos realizados en los años 80, pues antes de eso ni siquiera se contaba con la opinión de las comunidades.

“Las empresas entraban pateando al perro y decían que era por orden del presidente”, comenta Ángel Álvarez, del Comité de Derechos Humanos de Shushufinde, en la provincia de Sucumbíos.

La palabra es de fundamental importancia en la vida de los campesinos e indígenas; por eso los acuerdos con los delegados de las empresas, generalmente personas sin ningún poder de decisión, se hacían verbalmente. Pero mientras los primeros cumplían con lo acordado, los segundos no reconocían haber hecho un acuerdo.

“Yo di permiso para que la empresa pase por un costado de mi finca, pero ellos hicieron un camino por la mitad y me dañaron todo. Cuando reclamé, el delegado reconoció el daño y aseguró que la empresa me pagaría por el daño. Cuando fui a la empresa para que me paguen, dijeron que no se había acordado nada conmigo”, cuenta Carlos Gordillo, miembro de RLCAS.
“Cuando empezamos a exigir convenios firmados, creíamos que habíamos ganado y que las empresas ahora sí cumplirían”, afirma Zambrano,
Sin embargo, en el análisis realizado por INREDH se concluye que tampoco los convenios escritos han constituido una garantía para que las comunidades fuesen compensadas por los daños que producen las empresas.

“Los convenios se limitan a establecer montos muy pequeños de inversión en las comunidades, tales como casas comunales, adecuación de canchas deportivas y a veces infraestructura sanitaria. En ningún caso se comprometen en temas como salud o educación”, comenta Varela.

Los convenios escritos resultaron ser nuevas trampas para los campesinos e indígenas, pues establecían cláusulas que violentaban sus derechos o se establecían sistemas de compensación irónicos, como un acuerdo firmado por la petrolera italiana AGIP y la nacionalidad waorani en 1994.

Alexandra Almeida, investigadora de Acción Ecológica, una de las principales organizaciones ambientalistas del Ecuador, cuenta que AGIP “hizo un acuerdo escrito con algunos waoranis en el que la empresa se comprometió a nivelar un terreno para una cancha de fútbol y proporcionar un pito para el árbitro. A cambio los indígenas daban permiso a la petrolera para que ingrese a todos los territorios waoranis y haga uso de los recursos que necesite, lo que incluía la explotación forestal y la apertura de caminos”.

“Este acuerdo, como todos los demás, también obligaba a no realizar reclamo alguno en el futuro por cualquier afectación que provoque la explotación petrolera. Este convenio es una muestra de cómo las empresas manipulan a las comunidades indígenas; es volver al canje de baratijas por oro que se hizo en la conquista de América”, dice Almeida.

Las petroleras no se conformaron con engañar a la gente haciéndola firmar convenios ilegítimos, sino que tampoco cumplieron las pocas obligaciones que asumían, lo que llevó a nuevos conflictos que, a su vez, llevaban a la firma de nuevos convenios. “Los convenios analizados tienen como antecedentes convenios anteriores incumplidos, lo que provocó que las comunidades asumieran actitudes de hecho, como el cierre de carreteras y el boicot a la producción petrolera, para lograr un nuevo convenio con una compañía, que a su vez, nuevamente se incumplía”, afirma Varela.

En este escenario, las comunidades aprendieron a negociar bajo presión, pero también asimilaron prácticas clientelares, en donde la compañía petrolera era vista como la única con posibilidades de conceder favores.

Estado asume a medias sus obligaciones
La dinámica de las petroleras creó dependencia en las comunidades, pues las empresas se presentaron como alternativas al rol del Estado. Es decir, el Estado dejó de ser el referente de la inversión social y se convirtió en el agente de seguridad de las empresas, mientras que éstas asumían el rol de proveedoras de servicios básicos.

Con la nueva Constitución del Ecuador, vigente desde octubre del 2008, se quiere modificar esta realidad, pues se argumenta que el petróleo constituye una riqueza nacional y es el Estado quien deberá poner las reglas de la inversión social y no las empresas. Por ello la Secretaría de Pueblos y Participación Social es ahora la encargada de dialogar con las comunidades y así evitar los conflictos con las empresas.

“Sin embargo, las nuevas atribuciones del Estado han provocado que las empresas desconozcan los compromisos asumidos previamente. Ahora las empresas nos dicen que pidamos al gobierno las compensaciones por los daños que ellas causan”, dice Zambrano.

El gobierno, por su parte, está empeñado en conseguir el beneplácito de las comunidades para ampliar la producción petrolera, pero no tiene en cuenta el impacto que provoca en el ambiente, ni en las formas de vida de las comunidades.

“No se trata sólo de conseguir compensaciones económicas; se trata de garantizar una vida digna para las comunidades, y eso incluye el prever un sistema de remediación ambiental, es decir, se debe presentar a las comunidades los planes de emergencia para remediación ambiental y no sólo un plan de cuentas de una futura inversión social”, dice Varela.

Mientras tanto, los campesinos e indígenas de las zonas petroleras deberán conformarse con el 10% que recibieron de lo ofrecido por las empresas, pues ahora ni el Estado ni las empresas desean asumir los convenios de compensación ya firmados.
-Noticias Aliadas.












miércoles, 24 de noviembre de 2010

Servicio de Noticias de la Mujer


“Una mirada diferente a la información”



SEMlac Reportajes



Cuba: No a la violencia desde la comunidad



Por Raquel Sierra



Involucrar a las personas y a sus líderes naturales puede contribuir a cambios favorables en la



conducta, incluso, en temas tan complejos y multifactoriales como la violencia.



Varios proyectos en localidades de La Habana, la capital cubana, indican que, a partir de la



apropiación de conocimientos, la comprensión y la sensibilización, es posible romper viejos mitos y



comenzar a ver la vida con otro prisma.



Párraga es un viejo barrio de la ciudad. Desde sus inicios, allí se asentaron personas de escasos



ingresos y se hizo fuerte la práctica de cultos de origen africano.



Desde su puesto de barbero, Orlando Berrios conoce el barrio, su gente y detalles de sus creencias



religiosas. Por eso sabe de las interpretaciones alrededor de la hombría. En la barriada, el



desconocimiento llevaba a que no pocos jóvenes adoptaran posturas violentas, como una supuesta



señal de pertenencia a asociaciones de origen afrocubano.



"En su proyecto de hombría, los adolescentes asumen esos patrones en el modo de comportarse,



no así en la profundidad de la liturgia y la religión. El culto abakuá es en sí una fraternidad negra,



pero su esencia se distorsionaba y se asociaba a la violencia", relata Berrios a SEMlac.



De raíces africanas, con seguidores en diferentes regiones de la isla e integrado solo por hombres,



el culto abakuá promueve el amor y respeto a la familia y los otros miembros de la agrupación.



Entre cortes y afeitadas trata de hablarles a las personas de la violencia que ha existido



tradicionalmente, con el fin de disminuirla. Lo escuchan por el respecto que se ha ganado y sus



palabras y reflexiones se integran a un proyecto desarrollado en la localidad para promover la no



violencia.



Bárbara Battle, especialista principal del proyecto Amanecer del Taller de Transformación Integral



del Barrio, explica que trabajan en la modificación de la violencia de género, para lo cual se creó un



grupo interdisciplinario de investigación, que integra a su vez a instituciones de educación, salud y



las organizaciones barriales.



"Se trata de aprovechar la concurrencia de varones para prevenir y deslegitimar la imagen violenta



del hombre que se transmite de generación en generación", dijo el barbero de Párraga



"El espacio de la barbería y el barbero, uno de los líderes naturales, han contribuido a promover el



diálogo intergeneracional para fomentar la disminución de los hechos de violencia por motivos de



género", indicó Battle, en septiembre pasado, durante un taller relacionado con la exposición



itinerante latinoamericana "Hacia una paz con justicia de género", iniciativa de la Red



Latinoamericana de Género y Paz "Construyendo juntxs".



Como no pocos hombres de allí son reacios al tema, Berrios ha desarrollado un "sexto sentido"



para reconocer cuándo alguien tiene un problema y se hace escuchar con sus criterios sobre el



respeto a los otros y cómo seguir una conducta pacífica.



En opinión de Battle, en proyectos de este tipo es conveniente emplear los espacios informales con



propuestas que lleguen tanto a niños y niñas como a personas adultas, pues a veces no están



acostumbrados a participar en talleres. "Hay que partir del análisis de las características del barrio



y, aunque falta mucho por hacer, ahí estamos", sostiene.



En el Canal, en el Cerro



Esperanza Cantillo es la especialista principal del Taller de Transformación Integral del Barrio El



Canal, en el municipio del Cerro, en la capital cubana. La localidad, de 0,6 kilómetros cuadrados,



tiene una población de más de 18.000 habitantes, alta densidad poblacional y muchas personas de



la tercera edad.



Viviendas en regular y mal estado, en su mayoría; mujeres jefas de hogar, prácticas de cultos



afrocubanos y señales de violencia de género conforman un panorama de alta vulnerabilidad social.



"Hay violencia contra ancianas y ancianos, mujeres que habían sido víctimas del maltrato se



convirtieron luego en victimarias de sus hijos. El tema se trabajó inicialmente en 2005, en la



comunidad abakuá, al ver los resultados obtenidos en otra barriada capitalina, con apoyo del Grupo



de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. Hoy se sigue por muchos otros rumbos", dice



Cantillo a SEMlac.



Promover una cultura contraria a la violencia no ha sido sencillo. Han tenido que tocar puertas y



puertas, convencer de la existencia del fenómeno al interior de los hogares, quitarles a no pocas



mujeres la venda que les turbaba el entendimiento sobre el asunto.



"Ahora insertamos en el trabajo a las organizaciones del barrio, a las fuerzas de la policía, porque



en las fiestas nocturnas de los sábados (conocidas como bonches) generalmente hay un ambiente



explosivo que puede desencadenar hechos violentos", confiesa.



Para aprovechar la privilegiada ubicación de la Casa Comunitaria, en la calle más importante del



municipio del Cerro, agrega, se proyecta ubicar en ese espacio un buró de información para que



mujeres y hombres puedan obtener y mostrar materiales sobre la violencia, así como recibir



consultas con una especialista del policlínico de la zona.



(Solicite envío de trabajo completo a

semcuba@ceniai.inf.cu

)



Perú: Mujeres migrantes, más vulnerables a violencia y abuso sexual



Por Zoraida Portillo



Aunque en términos generales los maltratos físicos y sexuales que padecen las migrantes son



similares a los que sufren quienes viven en sus países de origen, esas mujeres se encuentran más



vulnerables pues la mayor parte de las veces desconocen la existencia de servicios legales a los



que pueden acudir, independientemente de su situación legal


Así lo destacó María José Fletcher, abogada especializada en violencia doméstica y trata de



personas y supervisora del Centro de Defensa del Inmigrante de Florida. Ella estuvo en Lima la



tercera semana de septiembre, invitada por la embajada de Estados Unidos, para reunirse con



organizaciones de mujeres, periodistas y autoridades del Ministerio de la Mujer (MIMDES).



“Tenemos la obligación de dar asistencia e impartir justicia a todas las personas que forman parte



de una comunidad, legales o ilegales, hetero u homosexuales”, remarcó y dijo que eso es válido si



la agredida vive en su país o en uno extranjero.



Fletcher destacó que la violencia contra las mujeres no sólo deja secuelas físicas y emocionales



sino profundas heridas en su autoestima que posibilitan que sean las propias mujeres quienes



perpetúen situaciones de maltrato y humillación con sus hijas y congéneres.



“Las mujeres maltratadas crían a sus hijas bajo el mismo patrón (patriarcal), haciendo por ejemplo



que las niñas atiendan a los hermanos varones, dándoles de comer menos raciones de comida o



en platos más chicos, generando así que el varón se sienta superior y con derecho a ser atendido”,



señaló durante una teleconferencia desde la sede de su embajada en Lima.



Mediante esta herramienta tecnológica, Fletcher pudo entablar contacto con organizaciones de



mujeres y ONGs de todo el país, e incluso de otras naciones de la región, quienes además tuvieron



oportunidad de formularle preguntas directamente desde sus computadoras.



Se produjo así un interesante intercambio de ideas y opiniones, donde las y los participantes



aprovecharon para conocer su experiencia en la representación legal que Fletcher realiza en



Florida con mujeres y niñas inmigrantes que son objeto de violencia doméstica, trata de personas y



otros delitos contra sus derechos ciudadanos.



Ante una pregunta concreta de la representante del MIMDES, sobre una mujer colombiana que



vivía ilegalmente en el Perú y era víctima de maltratos por su pareja, pero cuyas denuncias no eran



atendidas por las autoridades dada su condición irregular en el país, Fletcher dijo que en esos



casos la víctima puede acogerse al derecho de asilo, si desea permanecer en ese país, o recibir



ayuda de las autoridades para retornar al suyo.



“Pero hay que tener mucho cuidado con esta última opción –advirtió— porque muchas veces el



agresor, que tiene libre entrada y salida de su país, puede ir a buscarla y agredirla; son casos muy



complejos”, reconoció.



Por ello, recomendó realizar campañas permanentes y masivas de información, sensibilizando a la



población para que tenga “tolerancia cero” frente a la violencia doméstica, dejando de lado excusas



como que se trata de asuntos privados de la pareja o la vida familiar, y para que sepa discernir



sobre el “bombardeo” a favor de la violencia que se produce diariamente desde los medios, la



música y la sociedad en general.



También instó a capacitar permanentemente a todo el personal involucrado en el tratamiento de



estos casos, incluyendo policías, autoridades judiciales, periodistas, ONGs y todos aquellos que, de



una forma u otra, tengan contacto o cercanía con niñas y mujeres maltratadas, como maestros y



maestras en las escuelas.



Y es que para ella, no basta con tener servicios de atención y acogida. Igualmente importante es la



manera de acercarse y tratar estos casos. “A veces, en nuestra desesperación por ayudar,



queremos solucionar el problema en cinco minutos y no es así, es parte de un proceso de



recomposición y reconstrucción que puede tomar años y hay que darle ese acompañamiento”,



sostuvo.



“Por ejemplo, hasta que el victimario no asuma la responsabilidad de sus actos no es aconsejable



que viva bajo el mismo techo”, añadió. También advirtió que si la víctima encuentra una barrera



para alejarse del victimario va a preferir volver con él, lo que se hace más evidente en el caso de



las mujeres rurales, sin acceso a carreteras, casas de acogida, policías o incluso con problemas de



idioma.



Recordó que el maltrato comienza con la agresión física, pero luego sobreviene el temor y la propia



víctima encontrará excusas para no irse. “La víctima está predispuesta a creer en las justificaciones



y excusas del maltratador y volverá con él por los hijos, por amor, o por la esperanza de que va a



cambiar…además, tampoco hay que olvidar que quien maltrata es muchas veces quien provee el



alimento”, precisó.



“Tenemos que escucharlas con la mente abierta, sin prejuicios culturales o de otra índole,



permitiéndoles narrar su historia en el estilo que les es familiar, sin precondicionamientos”,



aconsejó.



(Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu)


Violencia de género es asunto público La violencia contra la mujer en América



Latina debe asumirse como un tema



nacional y no como un asunto privado,



porque afecta a los países en su



conjunto, señaló la presidenta de la



Comisión Interamericana para la Mujer,



Wanda Jones.



En su discurso, al inaugurar la 35



Asamblea General de la Institución



dependiente de la Organización de



Estados Americanos (OEA), a inicios de



noviembre, mencionó que la violencia



contra las mujeres aumenta, incluyendo



la relacionada con el narcotráfico y el



crimen organizado.



Consideró que a pesar de los avances



en la región se debe poner énfasis en



eliminar la violencia, garantizar los



derechos económicos de las mujeres,



su seguridad en las calles y su



capacidad de representación política.



Jones dijo, además, que si bien en el



siglo XX se dieron avances



significativos, en el XXI hacen falta otros



pasos importantes para garantizar el



pleno ejercicio de los derechos



económicos, políticos y sociales de la



mujer.



A su vez, el secretario de Relaciones



Externas de la OEA, Alfonso Quiñones,



destaco que desde 1975, cuando se



efectuó en México una convención



sobre mujeres a nivel continental, se



advirtió que el género enfrentaba retos y



discriminación y que ahora sucede lo



mismo.



El funcionario detalló que a nivel local



menos de 10 por ciento de las alcaldías



las gobiernan mujeres y lo mismo



ocurre en los congresos. Hoy los



desafíos respecto a las mujeres tienen



que ver con violencia, pobreza,



migración, inseguridad, derechos



humanos y falta de acceso a la justicia y



a la salud reproductiva, expresó.



También el empleo es desigual y en



promedio las mujeres en América Latina



trabajan de cuatro a cinco horas más



que los hombres, tanto en la oficina



como en el hogar, agregó Quiñones.



ONU contra violencia en pueblos



indígenas de México



Cinco agencias de la Organización de



Naciones Unidas (ONU) presentaron en



la última semana de octubre un



programa conjunto de intervención en



varias comunidades indígenas de



Chiapas y Oaxaca, estados del sur de



México, con el que pretenden prevenir



la violencia de género.



"Es la primera vez que en México existe



un programa intergencial de la ONU



específicamente dedicado a prevenir la



violencia contra las mujeres en



poblaciones indígenas", explicó a la



agencia EFE Verónica Zebadúa, la



coordinadora de la iniciativa.



El programa, que durará tres años, será



financiado con un millón de dólares por



el Fondo Fiduciario de la Organización



de las Naciones Unidas para Eliminar la



Violencia contra la Mujer y busca una



implementación efectiva del marco



jurídico sobre violencia contra las



indígenas en esos dos estados del sur



del país, trabajando con mujeres



adultas, pero también con los varones y



con niños y adolescentes de los dos



sexos.



"El principal interés era acercarse a las



comunidades indígenas y éstas en



nuestro país se concentran en el sur.



Chiapas y Oaxaca se escogieron



porque son dos de los estados con



mayor pobreza y con mayor población



indígena", añadió Zebadúa.



La ONU espera también desarrollar en



las comunidades buenas prácticas



replicables por medio de la construcción



de un modelo integral de intervención



en violencia de género.



"A los tres años se quiere hacer una



evaluación cualitativa y cuantitativa para



determinar el impacto de las



intervenciones en la reducción de la



violencia contra las mujeres", agregó la



coordinadora de la iniciativa.



En la iniciativa participan el Gobierno



mexicano, a través del Instituto de las



Mujeres (Inmujeres) y las autoridades



de Chiapas y Oaxaca. También forman



4



Navegando



parte la Comisión Económica para



América Latina y el Caribe (CEPAL), la



Unicef, el Fondo de Población (UNFPA),



el Programa de la ONU para el



Desarrollo (PNUD), y la Organización



de la ONU para la Educación, la Ciencia



y la Cultura (Unesco).



El Fondo Fiduciario de la ONU contra la



violencia de género es el único



mecanismo multilateral de concesión de



subsidios que presta apoyo a iniciativas



locales, nacionales y regionales para



erradicar la violencia contra las mujeres



y las niñas. Fue establecido por la



Asamblea General en 1996 y es



administrado por la agencia de las



Naciones Unidas para la Mujer.



Novias contra la violencia



Vestidas con trajes de novia, un grupo



de mujeres caminaron este octubre del



campus de la Universidad Autónoma de



Santo Domingo (UASD) para crear



conciencia sobre la necesidad de luchar



contra la violencia de género.



La marcha se realizó en



conmemoración del asesinato de la



dominicana Gladys Ricart, en Nueva



Jersey, en 1999, el mismo día de su



boda, por parte de su ex novio. Ricart



tenía 38 años.



Desde el año 2001 se realiza ese tipo



de actividad en Estados Unidos por



iniciativa de la dominicana residente en



esa nación, Josie Ashton, de la Oficina



de la Fiscal del Distrito de Miami. Ahora



se realizó pro primera vez en un país de



América Latina



“Buscamos que la gente tome



conciencia y entienda que como



sociedad debemos luchar juntos, no



dejar que lo judicial, el gobierno y la



policía lo resuelvan”, expresó Ashton



previo a iniciar la caminata desde el



aula magna de la UASD.



La joven mujer decidió conmemorar el



asesinato de su compatriota desde el



segundo aniversario del crimen y



representa en Ricart a todas las



víctimas de violencia doméstica.



En República Dominicana la marcha de



las novias se realizó en el marco del



XVI Congreso Internacional de Familia



celebrado en la UASD, organizado por



el Despacho de la Primera Dama, el



Comisionado de Apoyo a la Reforma y



Modernización de la Justicia y la



Facultad de Ciencias Jurídicas de la



UASD.



En la movilización estuvo presente la



procuradora de la Mujer, Roxanna



Reyes, quien llamó a las mujeres a



prestar atención a la información y a las



herramientas del empoderamiento para



que rompan el miedo.



“Las mujeres necesitan reconocerse



como víctimas, saber que tienen un



problema que les puede costar la vida y



buscar ayuda”, señaló.



La República Dominicana se convirtió



ayer en el primer país de América



Latina y el Caribe en realizar la “Marcha



de las Novias”, evento que se efectúa



en varios estados norteamericanos, con



el apoyo de distintas organizaciones y a



la cual se sumó en una ocasión la actriz



Salma Hayek.



Ashton emprendió en esa oportunidad



una marcha de 2,000 kilómetros desde



la casa de Gladys, en Ridgefield, Nueva



Jersey, hasta Miami, para de esa



manera hacer conciencia sobre la



violencia doméstica.



ÚNETE: Hombres contra el abuso



La campaña UNETE, de Naciones



Unidas, ha cumplido ya dos años



promoviendo una cultura de no violencia



contra las mujeres, a través de la cual



los hombres del Caribe intentan



desempeñar un rol más activo en la



promoción de un trato igualitario y no



machista.



La Directora Regional para América



Latina y el Caribe de esta campaña,



Nadine Gasman, aseveró que en la



última reunión en Barbados, a mediados



de octubre, ministros de diversos



países, representantes de la sociedad



civil y organizaciones no



gubernamentales dieron un nuevo



impulso al objetivo de poner fin a la



violencia contra las mujeres. El tema



decisivo fue la participación más activa



de los hombres del Caribe en esta



campaña.



5



Gasman indicó que desde que el



Secretario General de la ONU hizo un



llamado especialmente importante a los



hombres, tanto líderes como a los



hombres comunes y corrientes, para



que se unan y hagan lo conducente



para poner fin a la violencia contra las



mujeres, las iniciativas, aunque aún



algo tímidas, no se ha han hecho



esperar.



Internet: un espacio peligroso



El mundo de Internet y las nuevas



tecnologías de la información (TIC) son



considerados valiosas herramientas



para el desarrollo de las sociedades.



Sin embargo, la falta de regulación



sobre su uso y mucho del material



colocado en dichos espacios se ha



convertido en una amenaza para la



integridad y la seguridad de las



adolescentes y las niñas.



Entre las agrupaciones que participaron



en el último encuentro de la campaña



UNETE en el Caribe, Gasman cita a



CARIMAN, Men Engage y Pro Mundo.



“Estas organizaciones vienen con una



propuesta muy importante que permite



pensar que la reflexión de las



masculinidades es una reflexión



esencial para poner fin a la violencia



contra las mujeres y para ver formas no



violentas de resolución de conflictos”,



dice.



De acuerdo con el informe


Por Ser



Niñas


, elaborado por la organización no



gubernamental Plan Internacional, el



escenario de la tecnología es uno de los



más crecientes en la actualidad, así



como la presencia de niñas y de



Estadísticas e investigaciones, según la adolescentes en las áreas urbanas.



experta, continúan confirmando que los



casos de violencia contra las mujeres



son perpetrados en su mayoría por



hombres directamente relacionados con



la víctima: generalmente las parejas,



maridos, ex maridos, novios,



convivientes y padrastros, entre otros.



Las TIC's representan experiencias



formativas de habilidades, de



comunicación y de participación, pero



también se han convertido en espacios



done cada vez aumentan niveles de



discriminación, de acoso sexual y



violencia machista, lo que las coloca en



una situación de vulnerabilidad ante



organizaciones delictivas que se



dedican a la trata y a la explotación



sexual comercial.



“Los representantes de CARIMAN



hacen un llamado a que los hombres



piensen bien qué quiere decir ser



hombres en el Caribe hoy, en el siglo



XXI. Que se cuestionen los estereotipos



de masculinidades que no le sirven ni a



ellos, ni a sus parejas, ni a sus familias,



ni a sus comunidades; y que a través de



esta reflexión hagan cambios



importantes en la forma en que se



relacionan”.



El Internet permite el establecimiento de



relaciones con desconocidos que



parecen seguras; de esa manera las



nuevas tecnologías se han convertido



en los principales objetivos de de estos



grupos criminales para cometer delitos



de lesa humanidad contra las niñas y



las adolescentes, destaca el



documento.



Gasman detalló que en el sistema de



Naciones Unidas se ha estado



trabajando en el área de violencia



contra las mujeres en varios aspectos,



entre ellos el fortalecimiento de los



marcos legales, la firma de



convenciones internacionales como la



de Belem Du Pará y la promoción de



fondos para los servicios a las víctimas



y sobrevivientes.



Constituye una forma de abuso



moderno que atenta contra la seguridad



y la integridad de esa parte de la



población, por lo que será necesario



que los Estados promuevan políticas



para fortalecer el liderazgo de las niñas,



crear sistemas de información o alerta y



garantizar la vigilancia para identificar



redes de explotación sexual en esos



espacios, concluye el estudio.



“La campaña llama ahora a coordinar



esfuerzos, a trabajar de forma integral y



a hacer esfuerzos extras para realmente



lograr esas transformaciones sociales



tan necesarias para poner fin a la



violencia contra las mujeres”.



6



(Fuentes:


EFE, Listín diario, Radio



Nederland, Cerigua).



Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México



Este informe es el resultado de los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de



México en la búsqueda de hacer de las escuelas espacios libres de discriminación.



Para lograrlo resultaba indispensable contar con un diagnóstico completo y fiable, ya que a



pesar de que existen estudios de casos sobre violencia en escuelas, no se contaba con un



panorama nacional sobre este fenómeno en México ni en América Latina.



A partir de estas consideraciones, la SEP –con el acompañamiento técnico del Fondo de las



Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)-, encomendó al Centro de Investigaciones y



Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la realización de un estudio sobre la



violencia de género en escuelas públicas primarias y secundarias, que incluye a las escuelas



indígenas y tiene representatividad nacional.



El trabajo de campo y de análisis derivó en la entrega de un informe final de investigación, así como en una base de datos sumamente rica en información, que incluye 230 variables y 1,207 campos.


Las variables abarcan temas tan diversos como las relaciones sociales entre niños y niñas dentro de las escuelas, las expectativas de vida, los estereotipos de género transmitidos desde el hogar o la docencia, la violencia entre pares y el acoso sexual, que ahora este servicio pone a disposición de sus lectores.


(Solicite el informe a

semcuba@ceniai.inf.cu

)



Prevenir la violencia de género es luchar contra desigualdades sociales



Por Mareelén Díaz Tenorio, psicóloga, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)


(Especial para No a la Violencia)

Es posible encontrar opiniones diversas si se trata de precisar qué es violencia de género. De algún modo es entendible que se identifique el término con la violencia dirigida hacia la mujer y perpetrada por los hombres. La historia de la humanidad muestra en extensión, intensidad, frecuencia y modos de expresión, una tradición cargada, mayoritariamente, de violencias de los hombres contra las mujeres.

Señales

Sin embargo, en ese acontecer no se contienen todas las formas de violencia en función de las construcciones de género. En mi opinión, es más esclarecedor hablar de violencia de género como todo hacer o no hacer intencional, basado en desigualdades por razones de cosmovisiones de género construidas, que provoca daños físicos, psicológicos o patrimoniales y causa irrespeto a los derechos individuales.

La violencia de género es aquella que se desprende de la existencia de desigualdades causadas por el hecho mismo de ser mujer o de ser hombre y se aprecia también en el acceso a bienes materiales y espirituales de una sociedad. Entiéndase aquí acceso a bienes, poder, participación, oportunidades, toma de decisiones, formación, etcétera.

Vale también comprender que la violencia es susceptible de producirse en un contexto relacional intergéneros: de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres; e intragéneros: entre hombres y entre mujeres, basada siempre en desigualdades y asimetrías de poder. Las desigualdades se constituyen en inequidades o diferencias injustas, tienen su expresión en el ámbito público y en el privado, y se reproducen a partir de la existencia de estructuras sociales que favorecen relaciones de poder asimétricas; y/o culturas que permiten visibilizar y perdurar ese vínculo desigual como legítimo y natural.

Es de fácil reconocimiento la existencia de múltiples programas de tratamiento diferenciado a la mujer como parte de las políticas cubanas. Y en consecuencia, de indicadores que permiten valores favorables del Índice de Desarrollo de Género que disminuyen la brecha entre hombres y mujeres. No obstante, han sido identificados problemas que afectan la equidad con marcada desventaja para las mujeres.

Entre ellos, no exentos de múltiples contradicciones y ambivalencias, pueden mencionarse los siguientes: preeminencia de la mujer como jefa de hogar en familias diagnosticadas como pobres; discriminación ocupacional; falta de correspondencia entre la proporción de mujeres en el empleo y altamente calificadas, y las que ocupan puestos de dirección; diferencias salariales en tanto los hombres ocupan puestos de mayor remuneración (a pesar de la existencia legislaciones protectoras); poca participación en la toma de decisiones con relación al destino de los ingresos familiares cuando son altos; y distribución desigual del trabajo doméstico con sobrecarga para la mujer sin conciencia crítica de estas desigualdades en ambos sexos (más de 34 horas como promedio semanal en labores fundamentales, mientras los hombres emplean alrededor de 12 horas y básicamente en labores de apoyo). A esa larga lista puede sumarse también la casi exclusividad femenina en el rol de cuidadoras de menores, enfermos y personas de la tercera edad; el predominio del poder masculino en cuanto al control y distribución del presupuesto familiar (cuando la mujer aparece como controladora del presupuesto, se asocia más a familias de más bajos ingresos donde resulta difícil decidir sobre el destino de los recursos); el despliegue de estrategias familiares de enfrentamiento a la crisis y la reforma en las que las mujeres tienden a quedan ubicadas de puertas adentro, con la responsabilidad del trabajo doméstico y la educación de los hijos (hacia afuera, muchas repiten el trabajo doméstico para recibir remuneración), mientras los hombres despliegan estrategias que requieren ser ejecutadas fuera del hogar, reforzando el rol de proveedor y el plano de acción externo; identidades de género no aceptadas y existencia de violencia contra la mujer en sus diversos modos de expresión.

Pareciera que algunas realidades pertenecen más al ámbito privado y otras al mundo público. En realidad existe una articulación de vínculos con intermediaciones y condicionamientos mutuos.

Concepciones y prácticas cotidianas -públicas y privadas-, asociadas a cosmovisiones de género, indican la existencia bastante extendida de patrones sexistas tradicionales, portadores de desigualdades, en los que se muestran afectaciones para ambos sexos, pero con marcada desventaja para las mujeres.

Los modelos de distribución sexista no están desarticulados ni desmitificados en el plano social. La búsqueda de posibilidades emergentes de cambio en un contradictorio proceso de construcción y deconstrucción de roles tampoco ocurre espontáneamente. Se necesita intención y estrategias basadas en lo positivo para generar cambios y acciones afirmativas.


Las políticas sociales encaminadas a enmendar asimetrías genéricas en la vida pública y privada constituyen también una estrategia de prevención de la violencia de género. Mientras más se interiorice la necesidad de la equidad y se vayan cambiando valores sociales, debilitándose a su vez estructuras y culturas patriarcales, serán menos posibles comportamientos violentos como forma de control y dominación sobre las mujeres. Luchar contra desigualdades de género es la antesala directa de la prevención de la violencia de género.

Cuba ha demostrado la efectividad de políticas sociales globales, pero es necesario el énfasis en la focalización de brechas disímiles como las de género, necesariamente en interrelación con otras que se le articulan (territorio, raza, ingresos, generaciones, entre las más importantes).


Si mujeres y hombres no son iguales en el punto de partida, rectificar o modificar en la búsqueda de equidad implica la búsqueda de acciones afirmativas o positivas en el empleo de políticas, es imponderable la voluntad y la intención.

Toda esta trama compleja, presentada en pocos párrafos y asumiendo el riesgo de no ser lo suficientemente explícita, intenta resaltar la necesidad de concientizar la identificación de desigualdades y el accionar social sobre ellas, como vía integradora que permite prevenir la violencia de género y su reproducción.

Es de inestimable valor atender estas conexiones, en tiempos en los que se adoptan medidas dirigidas a reducir los gastos del presupuesto del estado; perfeccionar el sistema de gestión empresarial cubano; elevar los salarios, la calidad de los servicios y el nivel de vida de la población. En estos empeños, atravesar un proceso de reducción de plantillas considerablemente abultadas en el sector estatal de la economía cubana, requerirá visibilizar y atender desigualdades de género para no acentuarlas o reproducirlas en su accionar articulado en ámbitos públicos y privados.
Por una educación no sexista y antidiscriminatoria:
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres (Cladem) y una docena de redes y organizaciones impulsan desde junio de este año la Campaña por una Educación No Sexista y Antidiscriminatoria para erradicar el sexismo de las aulas continentales. La Campaña está articulando movimientos y voluntades de redes, en 15 países de América Latina y el Caribe, hacia una educación que contemple las diferentes maneras de vivir de las personas y busca docentes, activistas y gobiernos con una actitud activa para una educación que no solamente frene la reproducción de estereotipos vinculados al raigambre patriarcal, homofóbico o racista, sino que los combata activamente desde la arena política con hechos
.


(Más información:

http://diariodelosandes.com/content/view/136927/105826/

.)



Bibliografía


Título:

Sexualidad, salud sexual y reproductiva. Un derecho también de las mujeres lesbianas. Autora: Lic. Norma R. Guillard Limonta Referencia: Maestría en Estudios de Género Descriptores:

Sexualidad, derechos.




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La Habana del 8 al 16 de febrero de 2011


Convocado por la Cátedra de Género y Comunicación Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", de la Unión de Periodistas de Cuba, con el objetivo de incorporar en comunicadores y comunicadoras la perspectiva de género en el análisis de la realidad social para enfrentar las situaciones de su quehacer profesional.



Para más información y solicitudes, dirigirse al Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", a:



Rebeca Cabrales:

eventos@prensaip.co.cu

, adjuntando currículo vitae y fotocopia de su certificado de estudios universitarios. Fecha límite para solicitudes: 20 de enero de 2010